La iniciativa dispone exenciones, medidas de auxilio directo y facilidades crediticias para paliar los efectos de la cuarentena generalizada sobre hoteles, agencias de viaje, compañías de transporte y micro y pequeñas empresas.
Los beneficiarios serán además de agentes y emprendimientos directamente ligados a la actividad los dedicados a la gastronomía, la industria de productos regionales y los espectáculos teatrales y musicales.
Entre las disposiciones principales de la norma se cuentan la prórroga de la ATP (asistencia para el pago de salarios) desde el 1° de julio al 31 de diciembre para todos aquellos emprendimientos paralizados o con una facturación menor al 30%, la reducción del pago de las contribuciones patronales en un 95% y el otorgamiento de un salario complementario abonado por el Estado para empleados del sector privado, no pudiendo ser inferior a un salario mínimo.
Se prorroga, además, por 180 días el vencimiento del pago de los impuestos existentes o a crearse que graven el patrimonio, los capitales o las ganancias de las actividades alcanzadas por la ley cuyos vencimientos operen al 31 de diciembre del 2020.
El proyecto suspende también cualquier tipo de medida cautelar o requerimiento de la AFIP o la ANSES y reduce la alícuota del impuesto al cheque.
En materia crediticia instruye al BCRA para que implemente una línea de créditos para ser destinada al pago de servicios públicos, capital de trabajo y cualquier otro costo fijo que las empresas deban soportar durante la vigencia de las restricciones generadas por la cuarentena. Los créditos serán por 36 meses, con 6 de gracia y a tasa cero durante los primeros 12 meses.
Para la reactivación la norma contempla un bono fiscal de vacaciones para familias que no supere los cuatro samarios mínimos de ingreso. También habrá estímulos para que viajen los jubilados. Los agentes que no hayan podido prestar los servicios para los que fueron contratados por el Covid podrán reprogramarlos en un plazo de 18 meses. El proyecto contiene numerosas delegaciones en el jefe de Gabinete. Un solo orador dio una cifra aproximada de su costo fiscal: 50 mil millones de pesos.
