Al tiempo que la Corte Suprema bonaerense revocó el fallo que permitió el otorgamiento de beneficios procesales a presos en medio de la pandemia de coronavirus, el bloque de diputados provinciales de Juntos por el Cambio presentó un proyecto para crear una comisión especial que evalúe el desempeño de los jueces que avanzaron en morigeraciones.  

El pedido, que corrió por cuenta del jefe de bancada Maximiliano Abad y fue acompañado por sus pares, contempla que el espacio, que tendrá vigencia durante la pandemia, estará integrado por nueve diputados que se encarguen de pedir informes a la Provincia, el SPB, y los tribunales bonaerenses.

“No es admisible que se utilice una pandemia para mandar a sus casas a quienes mataron, violaron o saquearon al Estado. Queremos averiguar si los arrestos domiciliarios tienen que ver con factores de riesgo ciertos o si, por el contrario, se utilizó al COVID-19 como excusa”, sostuvo Abad.

Desde Juntos por el Cambio quieren que el proyecto se trate este mismo jueves en la primera sesión mixta que tendrá la Cámara baja bonaerense en medio de la cuarta fase de la cuarentena obligatoria. El temario del encuentro mitad virtual y mitad presencial se definirá en las próximas horas.

La comisión estaría enfocada, por un lado, a realizar un seguimiento de los programas y políticas públicas ejecutadas por el Servicio Penitenciario Bonaerense en relación a los internos, detenidos y liberados, como asimismo de los agentes penitenciarios.

Por otro lado, también están dentro de las funciones de la comisión especial están las de solicitar el informe de funcionarios del gobierno de Axel Kicillof así como del Ministerio Público, y a los tribunales ordinarios de justicia de la provincia.

Con toda esa información y tras el análisis de los casos, el cuerpo podrá presentarse ante la Secretaría Permanente de Enjuiciamiento de Magistrados y Funcionarios para solicitar el juicio político a aquéllos jueces que hayan incurrido en mal desempeño, dado que no pueden ser juzgados por el contenido de sus sentencias.

Esto es, por ejemplo, que hayan dictado la prisión domiciliaria a casos de abusadores, femicidas, pedófilos u otros delitos violentos. “En el caso que se haya actuado en el margen de la ley, de manera no razonable o arbitraria, no vamos a dudar de elevar esas actuaciones a la comisión de Ley de Enjuiciamiento”, remarcó Abad.

“Sí un arresto domiciliario fue concedido en función de la recomendación efectuada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que exige a los Estados garantizar la salud y la integridad de las personas privadas de libertad, es una cosa; ahora, si ésos arrestos domiciliarios fueron concedidos sin fundamentos ni pruebas claras vamos a elevar cada caso a la comisión bicameral de enjuiciamiento”, añadió Abad.