En su primer discurso como gobernador bonaerense, Axel Kicillof, realizó un encendido discurso donde llamó a "reconstruir la provincia y recuperar los derechos perdidos", al tiempo que cargó contra la herencia que recibe de la gestión de María Eugenia Vidal.

Kicillof dejó en claro que la caja de 25.000 millones que dejó Vidal "no es suficiente" para atender salarios y otras obligaciones como el pago de proveedores.

"El problema no es cuánto queda en la caja, sino lo que tenemos que atender con esos fondos. Los 25.000 millones que dejaron no alcanzan para atender las obligaciones básicas", dijo Kicillof y agregó que necesita como mínimo unos 50.000 millones. Allí, el Gobernador incluyó pagos de salarios y proveedores.

Junto a la vicegobernadora Verónica Magario, y al presidente de la Cámara de Diputados, Federico Otermín, el flamante gobernador desarrolló un largo diagnóstico de la situación de la provincia y aseguró que en la elección de octubre se impuso "una idea de una provincia productiva y no especulativa". Habló de "una provincia solidaria con un estado presente, comprometida y cercana".

Kicillof buscó avanzar con un tono moderado y conciliador. Incluso explicó que los problemas de la provincia exceden la gestión de Vidal. "Sabemos que hay problemas estructurales", dijo.

A pesar de ello, los cuestionamientos fueron profundos, en especial en términos económicos. Aseguró que la provincia se encuentra en emergencia financiera y se focalizó en la cuestión de la deuda a la que calificó como "comprometida y preocupante"

Aseguró que la deuda pasó de 9.362 millones a 11.300 millones, una suba del 20%. Además calificó como "ruinosa" la administración de la deuda de la provincia.

También aseguró que durante la gestión de Vidal, la provincia terminó subordinada a un plan de valorización financiera.

Con respecto a la situación que atraviesa el Banco Provincia, aseguró que se redujo la parte de los préstamos al sector privados en un 11% y que por el contrario crecieron en un 15% los activos afectados a títulos públicos.

"El banco dejó de prestarle a las Pymes, la industria y al sector agropecuario para comprar Lelic y títulos públicos al gobierno nacional", aseguró.

Asimismo, manifestó que "en cuatro años cerraron 3.300 pymes industriales" en el distrito, y destacó que también bajaron sus persianas 9.500 comercios "que no son números: son personas, hogares, mujeres, niños, trabajadores, es gente de carne y hueso".

Por último, sostuvo que "la Corte Suprema, en un fallo de 2017, dijo que las tarifas tienen que ser razonables, que las empresas tengan una rentabilidad normal", y "que todos puedan abonar esas tarifas".

Para concluir enfatizando que "si una tarifa no puede ser pagada por un jubilado, no es tarifa, es un saqueo".