Aquellas personas condenadas en segunda instancia judicial por corrupción o enriquecimiento ilícito no podrán presentarse en ninguna lista hasta que no se resuelva el caso procesal, según reza el proyecto de ley presentado en la Cámara baja de la Legislatura de la provincia de Buenos Aires por el diputado del Frente Renovador Ricardo Lissalde.

La iniciativa puntualiza claramente que “no pueden ser precandidatos en elecciones primarias ni generales a cargos públicos electivos provinciales aquellas personas que estén condenadas, con fallo en segunda instancia, por delitos como enriquecimiento ilícito, malversación de caudales públicos, corrupción, negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas, entre otros”.

El proyecto de Lissalde también aclara que esas personas tampoco podrán ocupar cargos en las direcciones partidarias, claro que para ello es necesario modificar la Ley de Elecciones Primarias, Abierta y Simultáneas (PASO) y la Ley Orgánica de los Partidos Políticos, según indica la iniciativa.

“El tema de la corrupción es uno de los problemas más graves que enfrentan las sociedades modernas, enquistado en todos sus niveles, tanto en los ámbitos gubernamentales como civiles -entendida como el abuso de poder para beneficio propio”, agregó el massista en los fundamentos de la normativa.

El antecedente más cercano es el caso de Brasil, donde a través de una Iniciativa “Popular Ficha Limpia” organizado por entidades de la sociedad civil, reunieron más de 1,6 millones de firmas con el objetivo de aumentar la idoneidad moral de los candidatos políticos a cargos electivos.

“Para lograr que la sociedad retome la confianza con los políticos, es necesario este tipo de iniciativas que den garantías de transparencia en un país donde la corrupción fue y es protagonista”, señaló Lissalde.