Por primera vez, Cristina Kirchner hizo mención a la causa de los cuadernos de coimas que la involucra junto a otros dirigentes de su gobierno y las principales empresas de la construcción. En este sentido, salió al cruce del testimonio del empresario Gabriel Romero, quien declaró haber pagado 600 mil dólares por un decreto para la renovación de una concesión. Mediante un comunicado, dijo que nadie nunca le pagó nada por una medida.
“Sería muy interesante que el Sr. Romero indicara a quién y cómo le pagó, porque a mí nunca nadie me pagó nada por firmar ni este ni ningún otro decreto, ni por llevar adelante ninguna de las medidas de mis gobiernos”, apuntó Cristina Kirchner.
Gabriel Romero, de la firma Emepa, declaró que pagó 600.000 dólares para que el gobierno nacional le renovara la concesión de la explotación de la Hidrovía, el tramo del río Paraná-Paraguay que conecta el Atlántico y Asunción para el comercio internacional, según publicaron este vienes Clarín y La Nación. Ese decreto se firmó el 21 de enero de 2010.
Si bien dijo que no iba a hacer comentarios sobre remiseros “arrepentidos” ni tampoco sobre ex funcionarios de cuarta línea que no estuvieron en su gobierno, la ex mandataria dijo que tiene la obligación aclarar lo dicho por Romero.
Asimismo, dijo que en el decreto de renovación se ciño a cumplimentar lo acordado por organismos que evaluaron la situación previamente: la Procuración del Tesoro de la Nación y la Sindicatura General de la Nación, además del propio Parlamento.
Según explicó, el principal problema de la renegociación de esa concesión “la aplicación de las normas en materia de liquidación del Impuesto al Valor Agregado (IVA) convertía a la empresa Hidrovía S.A. en gran deudora de la AFIP”. Y la empresa sostenía que la normativa estaba “mal aplicada”.
“Dicho problema fue abordado por una Ley del Congreso de la Nación que interpretó específicamente una forma de liquidación del IVA para el caso de concesiones de obras de dragado, señalización y mantenimiento de vías navegables con motivo de su explotación. O sea, para Hidrovía S.A. Dicha Ley, la 26.453, fue sancionada el 10 de diciembre de 2008 por UNANIMIDAD”, escribió la ex mandataria.
Con esa norma, se inició un proceso de audiencias públicas para tratar la situación de Hidrovía S.A. en el que intervinieron, además de la SIGEN y la Procuración del Tesoro, la Unidad de Renegociación y Análisis de Contratos de Servicios Públicos (UNIREN), la Comisión Bicameral de Seguimiento de las Facultades Delegadas al Poder Ejecutivo Nacional y el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto.
“Mi intervención como presidenta de la Nación se limitó a lo único que podía y debía hacer: ratificar lo actuado y resuelto por la UNIREN con audiencias públicas de por medio, dictámenes de la Procuración del Tesoro y de la SIGEN, aportes del Ministerio de Relaciones Exteriores y, finalmente, la intervención del Congreso de la Nación a través de la Comisión Bicameral de
Seguimiento de las Facultades Delegadas al Poder Ejecutivo Nacional, sin cuya aprobación no hubiera habido decreto”, consignó.
Luego, Cristina Kirchner insistió que los problemas judiciales que tiene en su contra son “por haber afectado intereses económicos concentrados y hegemónicos” y, al mismo tiempo, disparó contra la figura del “arrepentidos”, utilizada por el juez Claudio Bonadio y el fiscal Carlos Stornelli.
“El evidente manejo extorsivo de la figura del “arrepentido” llevado a cabo por Bonadío y Stornelli, es sencillamente escandaloso, pero cuenta con el beneplácito de las más altas esferas del Poder Judicial, de los medios hegemónicos de comunicación y de este gobierno que ha provocado que nuestro país se esté cayendo a pedazos en medio de una verdadera catástrofe económica y social”, disparó.
