La concejala Victoria Tolosa Paz solicitó al Ejecutivo comunal que “se hagan efectivas las multas y sanciones a las empresas de servicios públicos que rompen las veredas en la Ciudad”, según lo establece la ordenanza N° 4758 y el artículo 124 del Código de Espacio Público, y en ese marco advirtió que “la falta de control efectivo por parte del Municipio hace que los frentistas terminen pagando esas reparaciones de su bolsillo cuando en realidad no les corresponde”.
Mediante la presentación de un proyecto de resolución, Tolosa Paz solicitó informes sobre la “cantidad de autorizaciones de obras otorgadas desde el año pasado a la fecha a empresas prestatarias de servicios públicos que impliquen roturas o remoción de calzadas, como así veredas, ramblas, plazas o parques”.
En esa línea reclamó además precisiones sobre “lo recaudado durante los ejercicios 2017 y 2018 en concepto de multas”, según lo establece el artículo 11 de la ordenanza 4758 y normas relacionadas. “Queremos saber la cantidad de trámites, la cantidad de expedientes iniciados, y lo que recauda el Municipio a través de módulos en concepto de penalidad”, dijo.
La ordenanza en cuestión plantea concretamente que las ejecuciones de obras que requieran romper una vereda o intervenir sobre una rambla o parque deberán contar con autorización municipal; en tanto que fija una serie de multas, penalidades y plazos para la finalización de los trabajos, cuyos cumplimientos efectivos pone en cabeza del Juzgado de Faltas Municipal.
“Celebramos cada una de las obras que llevan adelante las empresas como sus contratistas; pero de ningún modo podemos permitir que luego de cada obra, el vecino o frentista se tenga que hacer cargo de reparar la vereda porque la municipalidad no controla. Las normas son claras y establecen que el Municipio le tiene que exigir esa tarea a las empresas, y si estas no cumplen, entonces deben ser efectivamente sancionadas”, advirtió Tolosa Paz.
Y agregó: “A una ciudad que ya tiene todas sus veredas detonadas, se suman las detonaciones propias que generan las empresas de servicios y que en muchos casos dejan un verdadero desastre al momento de concluir los trabajos”.
“El artículo 124 de la ordenanza 9880 del Código de Espacio Público lo establece así: la reparación de la vereda reglamentaria y la correspondiente cazuela para arbolados será responsabilidad del frentista, excepto cuando haya sido deteriorada por trabajos realizados por la Municipalidad y/o empresas autorizadas, quienes serán responsables de reconstruir la misma”, citó Tolosa Paz.
Frente a los casos de incumplimiento de esa norma, la concejala recordó que el mismo artículo establece que “el propietario frentista podrá denunciar la necesidad de reparación; y que el Municipio podrá llevar a cabo los trabajos de reparación y una vez finalizados exigirle los gastos a la empresa en cuestión”.
“Solicitamos esta información porque es una manera efectiva y concreta de saber si el Municipio está ejerciendo controles sobre este aspecto específico del espacio público, y al mismo tiempo si ejerce su autoridad sobre empresas que no cumplen y de qué manera lo hace”, completó.
