La concejala Victoria Tolosa Paz rechazó hoy la medida del gobierno de María Eugenia Vidal que saca a los Equipos de Orientación Escolar de las escuelas para convertirlos en distritales al sostener que "es un ajuste más a la educación por parte de un gobierno que evidentemente apunta al desguace de la enseñanza pública".

"La resolución 1736 no es una medida aislada sino que está en línea con la decisión de un presidente que decretó dar por tierra con la paritaria nacional docente; con el intento de cerrar las escuelas del Delta; y con el lastimoso cierre de los bachilleratos de adultos", dijo Tolosa Paz sobre la reciente y polémica medida.

Y agregó: "Es muy difícil entender que esta explicación tiene que ver con fortalecer la educación pública como principal motor, como han querido presentar aquí algunos concejales del oficialismo. Lo que demuestra el esquema de Vidal es todo lo contrario, es una mirada puesta en un Excel para ver cuánto se ahorra y cuánto menos se invierte en educación pública".

Asimismo, advirtió que “en caso de hacerse efectiva, la resolución va a tener además un impacto muy notorio sobre el Municipio, y los servicios locales -que ya están devastados- deberían dar respuesta inmediata a la situación de vulnerabilidad de los barrios”.

"Esta situación es grave para este distrito y por eso justamente tenemos la obligación de tratar en ese recinto la creciente preocupación que nos transmiten padres, docentes y alumnos en las escuelas", completó la edil de Unidad Ciudadana.

En esa línea reclamó -mediante la presentación de un proyecto de resolución- que la Dirección General de Cultura y Educación informe al Concejo Deliberante de forma precisa y a la mayor brevedad posible la cantidad de equipos que funcionan en La Plata, como así también en qué establecimiento realizan sus tareas; la composición de esos equipos con sus cargos docentes; y cómo será aplicada la resolución a fin de garantizar la inclusión educativa, entre otros puntos.

Además, en un proyecto de decreto, Tolosa Paz rechazó la medida argumentando que "previo a toda modificación que afecte a una comunidad educativa corresponde oír previamente a los afectados para garantizar la participación en un tema tan sensible".