La diputada nacional Graciela Camaño (Frente Renovador) consideró hoy que el oficialismo criticó de forma "facilista, aludiendo al déficit fiscal", al proyecto de Emergencia Tarifaria que anoche obtuvo media sanción en la Cámara de Diputados, e insistió con que "no se pueden confiscar los ingresos de los usuarios".

La iniciativa -que obtuvo en el recinto de la Cámara baja 133 votos afirmativos, 94 negativos y 3 abstenciones- propone retrotraer los valores de las tarifas a noviembre del año pasado y ponerle un techo a su evolución, al atarlas al Coeficiente de Variación Salarial (CVS) en el caso de los usuarios residenciales, y al Índice de Precios Internos al Mayor (IPIM) publicado por el INDEC para pymes y cooperativas de trabajo.

"No es cierto el planteo facilista que se hizo, y que este tema significaba un número en el déficit fiscal. Esto es mucho más profundo”, aseguró la legisladora en un comunicado difundido hoy a la prensa.

Según Camaño, "hay que ponerle un límite" a las subas de los servicios públicos porque "tiene que haber un correlativo con el ingreso de los salarios" y señaló que la "Organización de los Estados Americanos (OEA) plantea que los costos que impliquen los servicios no pueden confiscar los ingresos de los usuarios”.

“El gobierno no entendió que este tipo de temas tienen enorme sensibilidad en la población, basta recordar lo que sucedió cuando el kirchnerismo quiso incrementar las tarifas", sostuvo Graciela Camaño.

En este sentido, evaluó que "no se puede venir a querer resolver un problema tan complejo con cuatro aumentos y darle el golpe que se le ha dado al bolsillo”.

“Es erróneo que el Presidente (Mauricio Macri) no entienda que hay muchos problemas en la renegociación de tarifas", sostuvo la diputada massista, para quien el cuadro tarifario definido por el Gobierno resultó de "un enorme beneficio para las empresas" pese a "la falta de compromiso de inversiones objetivas para mejorar el servicio".

Recordó que fue la Corte Suprema de Justicia la que hizo estos "requerimientos" tanto al Ministerio de Energía como en el ENRE cuando "reexaminó la negociación tarifaria del Gobierno, el año pasado".

En aquel momento, el Alto Tribunal "no solamente lo suspendió y mandó a audiencia pública, sino que además señaló una serie de medidas que debían cumplimentarse para que esta revisión tenga legalidad”, recordó Camaño.