El hospital Santamarina pagaba $13 mil en 2015 y ahora, con igual consumo, deberá afrontar el pago de una boleta de $371 mil. Esta situación se produce en momentos en que la empresa estatal AySA tiene ganancias anuales por encima de los $470 millones.

El Defensor del Pueblo Adjunto General de la Provincia, Walter Martello, reclamó al ente regulador el establecimiento de una tarifa comunitaria ampliada que permita paliar los efectos de los tarifazos sobre los centros de salud y sociedades sin fines de lucro.

“Estamos exigiendo la inclusión del Hospital Santamarina, como así también de todos los centros de salud municipales de la Provincia, en un régimen especial a los efectos de que abonen una tarifa mínima. Entendemos que ante tarifazos de este tipo el derecho a la salud queda comprometido. AySA está utilizando una fórmula polinómica que lleva a que las tarifas terminen siendo exorbitantes y fuera de toda razonabilidad. Afecta derechos colectivos ya que no existe, en el caso de Esteban Echeverría, otro hospital público. Y algo similar ocurre en otros municipios”, destacó Martello.

El Defensor del Pueblo Adjunto advirtió que “lo que sucedió en Esteban Echeverría se repetirá a lo largo y ancho de la Provincia, y por eso se requiere de una solución integral. En el caso de AySA, iniciaremos las acciones ante Ente Regulador de Agua y Saneamiento (ERAS)”.

“Las empresa tiene recursos más que suficientes para dar respuestas y es una compañía cuya mayoría accionaria (90%) está en manos del Estado nacional. Fue beneficiada en 2016 con un incremento tarifario de casi 300 por ciento, a lo que sumaron el año pasado aumentos por encima de la inflación oficial. Lo mismo ocurrirá en 2018”, agregó Martello.