El Decreto de Necesidad y Urgencia de Reforma del Estado que planea promulgar el presidente Mauricio Macri para desburocratizar el sector público incluye entre sus iniciativas la aceleración de los trámites concernientes a las multas a las empresas a las que se les hayan detectado trabajo en negro, las cuales no pueden acceder a beneficios impositivos ni crediticios durante la aplicación de la sanción.

Así, el ejecutivo reducirá la permanencia de los empleadores irregulares en el Registro Público de Empleadores con Sanciones Laborales (Repsal), donde se publican las sanciones por informalidad laboral y otros conflictos, de 120 a 30 días.

“El DNU obligará al Repsal a dar una respuesta más rápida. Esto permitirá a las empresas sancionadas regularizar su situación con más velocidad”, señaló el Ministerio de Producción a través de un comunicado.

Los empleadores que permanezcan en este registro, que se actualiza diariamente, no podrán acceder a programas, acciones de fomento, subsidios del Estado ni a líneas de crédito de bancos públicos.

Además, quienes reincidan en la misma falta serán excluidos del Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes o se les impedirá deducir del impuesto a las ganancias los gastos inherentes al personal.