El diputado provincial de Cambiemos, Eduardo Changui Barragán, salió al cruce del ultra kirchnerista Intendente de San Antonio de Areco, Francisco Paco Durañona, al señalar que es necesario "avanzar en la aplicación de políticas de prevención y control de la corrupción, que contribuyan a la consolidación y el fortalecimiento del sistema democrático".

La polémica surgió tras la presentación de un proyecto de Ley que establece con carácter imperativo la presentación de los bienes personales para:  los funcionarios que integran los poderes Ejecutivo y Legislativo del Estado Provincial; por adhesión: a las personas que ejercen la función pública en los departamentos ejecutivo y deliberativo municipal y por sometimiento voluntario: a los miembros de los cuerpos colegiados de conducción y control de Asociaciones Gremiales de Trabajadores, de Empresarios, de Profesionales, comunitarias, sociales y a toda entidad que tenga por objeto administrar derechos e intereses colectivos y vincular las relaciones entre el sector público y los ciudadanos.

El jefe comunal de Areco fue el primero en criticar la medida y dijo que Vidal “cree que son sus funcionarios”, al tiempo que la gobernadora está avasallando “las autonomías municipales”.

Paso seguido, Barragán le contestó: "Escuche un intendente hablar de inconstitucionalidad o que la Gobernadora cree que son sus funcionarios. No hay nada más sano para nuestra sistema democrático que avanzar en tener un estado más trasparente".

Y agregó que el proyecto sostiene  "La declaración jurada patrimonial se presenta como una herramienta esencial para disuadir comportamientos contrarios a la ética pública que pudieran cometer las personas que ejercen una función pública".

Asimismo, se busca incorporar a "personas que ejercen la función pública" en los departamentos "Ejecutivo y deliberativo municipal", es decir a intendentes, secretarios y concejales de los 135 distritos.

Ante la falta de compromiso de muchos Intendentes a adherir frente a esto; el Diputado Provincial Changui Barragan argumentó "Todos los que tenemos una responsabilidad pública que conlleva administrar dinero de los ciudadanos debemos rendir cuentas y que algunos discutan si deben presentar o no la DDJJ es inaceptable".