La defensa del ex ministro de Planificación kirchnerista y diputado Julio De Vido apeló hoy el fallo que ordenó su desafuero y detención en la llamada "causa Río Turbio", y pidió que quede en suspenso para que la Cámara Federal de Casación lo revise.

Fuentes judiciales indicaron que la defensa de De Vido, a cargo de Maximiliano Rusconi y Gabriel Palmeiro, presentó un escrito ante la Sala II de la Cámara Federal, para que el caso sea revisado por el tribunal superior.

Con esta apelación, De Vido pretende que queden sin efecto las medidas que produjo el fallo de la Cámara Federal: es decir la resolución que firmó el juez Luis Rodríguez y que incluyó una nota al presidente de la Cámara Baja, Emilio Monzó, solicitando el desafuero del diputado del Frente para la Victoria para que luego pueda ser arrestado.

En ese fallo también se disponía que el Ministerio de Seguridad hiciera efectiva la orden de detención una vez que en el Congreso se resolviera el desafuero.

En la Cámara Baja la Comisión de Asuntos Constitucionales fue convocada a una reunión para el próximo martes, mientras que pretende el miércoles tratar el asunto en el recinto.

Para la defensa de De Vido, la orden de la Cámara Federal "se encuentra a las claras motivada por objetivos políticos que se han infiltrado en nuestro sistema de justicia, vaciándolo de objetividad y razonabilidad, todo lo cual genera un daño irreparable a la justicia argentina".

En un comunicado la defensa insistió en que De Vido se encuentra a derecho y a disposición de la justicia, que ha respetado "a rajatabla" la prohibición de salida del país, que ha entregado su pasaporte al juzgado y que comparece mensualmente en los estrados mientras además se sustancia el juicio de Once.

"No hay modo de pensar, siquiera de sospechar algún tipo de riesgo procesal", sostuvo la defensa del ex ministro, acusado en esta causa de malversación de fondos por unos 265 millones de pesos en la reactivación de Yacimientos Carboníferos Río Turbio (YCRT).

Para la Justicia argentina, dijo Rusconi, "no hay límite ni garantía constitucional alguna que pueda impedir o intentar evitar la ejecución de una orden de contenido estrictamente político destinado a cumplir una con la finalidad utilitarista puntual y coyuntural como sucede en este caso, relacionado a las próximas elecciones legislativas".