La lucha contra la corrupción es la lucha por el sistema democrático. Así surge de nuestra Constitución Nacional cuyo artículo 36 dice que “Atentará asimismo contra el sistema democrático quien incurriere en grave delito doloso contra el Estado que conlleve enriquecimiento”.

Resultando claro que la legislación debe promover y facilitar la participación ciudadana en la defensa del sistema democrático, y siendo la corrupción uno de los principales atentados a dicho sistema, se concluye fácilmente, y con toda lógica, que debe propiciarse legislativamente la participación ciudadana en la lucha contra la corrupción.

Estos conceptos constitucionales parecen estar siendo espontáneamente interpretados por una sociedad que advierte cada vez más cómo sus derechos y su calidad de vida se ven afectadas por la corrupción, lo que la lleva a reclamar con vehemencia creciente más eficacia al momento de combatirla.

Esa falta de resultados en la detección y sanción de actos corruptos nos obligan a buscar alternativas originales y extremar la creatividad para proponer herramientas novedosas que aumenten la posibilidad de que la corrupción no quede impune.

Es por ello que hemos presentado en la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires un proyecto de ley que incorpora a nuestra legislación un proceso judicial que establece una recompensa a favor de quien permita recuperar fondos públicos robados o logre evitar su malversación.

No se trata de una retribución sólo por hacer una denuncia o aportar datos; se trata de un proceso judicial de carácter patrimonial, no penal, mediante el cual el particular presenta una demanda contra quienes estén involucrados en un acto de corrupción y ofrece las pruebas necesarias para probarlo. Si finalmente el juicio termina con una sentencia favorable al particular y se logra recuperar lo robado, en todo o en parte, recién allí el demandante será acreedor de la recompensa.

Este novedoso proceso judicial, conocido como “acción qui tam”, no existe hasta hoy en el ordenamiento jurídico nacional y es muy infrecuente en el derecho continental pero tiene una fuerte inserción en el derecho anglosajón y, particularmente, en Estados Unidos de América, cuya Constitución, vale recordar, fue una de las principales fuentes de la nuestra. En dicho país se han podido recuperar decenas de miles de millones de dólares con este mecanismo.

Expresamente el proyecto prevé la posibilidad de reservar la identidad del actor y/o de los testigos si la situación lo requiriese.

Para evitar la proliferación de denuncias infundadas se contempla una multa para quien haya demandado con temeridad y malicia, adicional al pago de las costas del juicio.

La lucha contra la corrupción en nuestro país se encuentra en cabeza del Estado, sin que se haya fomentado hasta la fecha ningún sistema que permita que los particulares asuman el riesgo de descubrir fraudes con fondos públicos y demanden a los responsables.

Los beneficios de nuestra propuesta, que no acarrea ningún costo para el Estado, son evidentes al impulsar el contralor ciudadano del erario público, disuadir a los agentes estatales de cometer delitos contra la Administración Pública, incrementar sustancialmente la posibilidad de detectarlos y sancionarlos cuando ya se cometieron y, finalmente, recuperar lo sustraído ilegalmente al patrimonio público.

En definitiva, la lucha contra la corrupción es demasiado importante como para dejársela sólo al Estado.

* Guillermo Castello- Diputado provincial Cambiemos