Ante las denuncias de los bonaerenses por las bajas injustificadas de pensiones por discapacidad, el Defensor del Pueblo, Guido Lorenzino, envió un pedido de informes a la Anses para que explique a qué se debe esta decisión, si existen nuevos requisitos para acceder a este beneficio y en qué normativa se fundamenta.

“Esta medida afecta directamente a los sectores más vulnerables de la sociedad. Ataca a los derechos de las personas con discapacidad y se contradice con tratados internacionales, leyes nacionales y la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad”, expresó Lorenzino.

Según las quejas que llegaron a la Defensoría, las pensiones fueron suspendidas sin previo aviso. “Nos enteramos que habían sido dadas de baja cuando fuimos a cobrar al banco”, reclamó un grupo de vecinos de Ituzaingó.

Sobre la medida, el Defensor del Pueblo subrayó que “nos preocupa que no tienen en cuenta la necesidad de la gente, es otra acción más que atenta contra el bolsillo de las personas”.

En la presentación de la Defensoría, además, se pidió información sobre la cantidad de pensiones que fueron dadas de baja en los años 2016 y 2017, cuáles fueron los motivos y en qué norma se basaron para hacerlo.

Además, el organismo busca saber si existió previo aviso a los beneficiarios para que puedan ejercer el derecho a la defensa y el debido proceso, y si se producen rehabilitaciones del beneficio luego del reclamo de los beneficiarios.