La Defensoría del Pueblo bonaerense decidió acompañar el amparo presentado por el Centro de Estudios Legales y Sociales (Cels), para pedir la nulidad del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) con el que gobierno nacional modificó la Ley de Migraciones, al entender que no se respetaron los procedimientos constitucionales.

La intervención tiene que ver con que la decisión oficial va contra las garantías y los derechos de las personas de otros países que habitan la Argentina, y además su presentación no cumplió con los trámites parlamentarios, tal como lo establece la Constitución Nacional en su artículo 99.

“El decreto le da la espalda a los avances en materia migratoria que se alcanzaron en el país, y resiente una ley votada por las mayorías”, precisó el Defensor del Pueblo, Guido Lorenzino, quien además expresó que “nuestra tarea es fortalecer los derechos de todos quien habitan el territorio bonaerense, y ante esa premisa fundamental es que acompañamos esta iniciativa”.

Las voces en contra del DNU se hicieron sentir en numerosos organismos de derechos humanos, preocupados por una medida que posibilita la expulsión de extranjeros y la reducción del tiempo que tiene para defenderse en caso de que se les presente esta situación, un escenario que, coincidieron, atenta con las reglas básicas de la igual protección ante la ley.