Hemos visto recientemente cómo intendentes de distintas fuerzas políticas han colocado su nombre en diversos bienes públicos del Estado como patrulleros, camiones sanitarios, ambulancias, camionetas de zoonosis, etc., fenómeno descripto por Max Weber como “patrimonialismo” y que se configura cuando un gobernante confunde el patrimonio público con su patrimonio privado. El diccionario define el "patrimonialismo" como "la tendencia de un gobernante a considerar los bienes públicos como si fueran bienes propios".

Esta tendencia no es nueva sino que ha sido utilizada tantas veces que gran parte de nuestra población la ha naturalizado, la acepta mansamente y a veces incluso celebra que los recursos públicos sean administrados por un sector político en beneficio propio. Por eso es necesario decirlo claramente: los bienes y recursos públicos son del Estado, no del gobierno de turno ni de sus funcionarios, y su manejo faccioso constituye una inmoralidad y un acto de corrupción.

La utilización de recursos estatales por parte de los gobernantes de turno así como el culto a la personalidad promovido en relación a un dirigente político violan la Constitución Nacional y atentan contra el sistema republicano, único sistema político que garantiza la efectiva vigencia de los Derechos Humanos.

El primer artículo de nuestro texto constitucional adopta la forma republicana de gobierno, la que básicamente sostiene los siguientes principios: a) división de poderes; b) elección popular de los gobernantes; c) periodicidad en los cargos; d) publicidad y transparencia de los actos de gobierno; e) responsabilidad de los gobernantes y f) igualdad ante la ley.

Como puede apreciarse, todos estos principios implican severas restricciones al ejercicio del poder estatal por diversas vías.

En línea con lo dispuesto por nuestra Constitución, nuestras leyes deben tender a hacer efectiva la vigencia de dichos principios, prohibiendo terminantemente toda práctica que de algún modo los vulnere.

En ese orden de ideas, surge casi por decantación la necesidad de evitar que los recursos públicos puedan ser utilizados por una parte de la población en beneficio propio y en detrimento del resto.

En efecto, es evidente que el usufructo de bienes públicos por parte de personas o sectores determinados de la sociedad otorga a sus integrantes un poder adicional por sobre el resto y, en la medida en que dicho abuso no sea vedado ni frenado a tiempo, tenderán a perpetuarse en el poder, limitando la posibilidad de sus competidores de reemplazarlos legítimamente e impidiendo la alternancia en el poder.

Por otro lado, el uso de los recursos públicos es el medio por excelencia mediante el cual gobernantes de todos los tiempos y latitudes han construido un culto a su personalidad, estrategia que consiste en presentar al dirigente gobernante como una persona superior al resto, infalible, responsable de todos los beneficios de la población. Una vez que los habitantes son convencidos de las cualidades extraordinarias de un líder político, para lo cual éste debe valerse inevitablemente de los recursos públicos, creerán que la ausencia de dicho líder implicará un gran perjuicio para ellos, razón por la cual permitirán, y e incluso promoverán, la eliminación de todo límite que impida su permanencia en el poder.

El nombre de un gobernante en los carteles de obra pública, el uso indiscriminado de la pauta oficial de forma tendenciosa y alusiva a un determinado partido político, la utilización de bienes del dominio público Estado para promoción personal o partidario, el empleo del mismo color del partido para las obras públicas del distrito que ese partido gobierna y el uso de instalaciones y espacios físicos públicos para actividades partidarias son sólo algunos ejemplos que se pueden citar para justificar la necesidad de contar con un marco regulatorio que evite estas prácticas patrimonialistas.

Con la intención de prevenir tales desvíos republicanos, promover el ejercicio despersonalizado del poder y garantizar el principio de neutralidad en el Estado provincial, presentamos en la Cámara de Diputados bonaerense un proyecto de ley prohibiendo el culto a la personalidad y estableciendo expresamente que los funcionarios y empleados públicos están al servicio del Estado y no de una facción política determinada y que no podrán prevalerse de sus cargos para hacer política partidista.

Debemos desterrar las malas políticas para que la República vuelva a gozar de buena salud.

Debemos lograr un Estado imparcial, neutral y despersonalizado.

* Guillermo Castello- Diputado provincial Cambiemos