El fiscal federal Jorge Di Lello impulsó hoy una investigación penal contra el presidente Mauricio Macri, y otros funcionarios de su gobierno, por la concesión de rutas aéreas a la empresa Avianca, supuestamente vinculada con la familia del jefe del Estado, en perjucio de la estatal Aerolíneas Argentinas.

Di Lello mencionó la posible comisión de los delitos de "asociación ilícita, negociaciones incompatibles, defraudación contra la administración pública y tráfico de influencias".

Avianca, empresa de origen colombiano pero que opera rutas en todo el mundo, adquirió en 2016, cuando Macri ya era presidente, la firma Macair Jet, conglomerado empresario de la familia del jefe de Estado.

Entre otras medidas de prueba, el fiscal pidió la declaración como testigo de la ex titular de Aerolíneas Argentinas Isela Costantini, quien renunció en diciembre del año pasado en medio de fuertes versiones sobre su discrepancia sobre el ingreso de compañias de bajo costo al país.

El fiscal le pidió al juez federal Sergio Torres que avance en la investigación contra Macri; el titular del grupo SIDECO Franco Macri; el secretario general de la Presidencia, Fernando De Andreis y directivos de AVIANCA, como partes supuestamente de uno y otro lado de la acción investigada como delito.

La denuncia fue presentada por los diputados del Frente para la Victoria Juan Cabandié y Rodolfo Tailhade, y añade la posibilidad de que se esté poniendo en riesgo la seguridad en los vuelos y, por otra parte, "que el gobierno nacional dejó de utilizar la flota de aviones presidenciales -que lleva adelante los viajes del presidente y funcionarios de primera línea- por servicios de empresas privadas”.

Di Lello se hizo eco de esas denuncias y sumó, además, que se desconoce oficialmente "el monto y la forma en que se pagó a la familia Macri" la compañía aérea mediante la cual Avianca abrió las puertas a las compañías "low cost" en la Argentina.