Se presentó hoy un proyecto de ley presentado en la Cámara de Diputados bonaerense que propone habilitar en la provincia el uso de medicamentos a base de extractos de marihuana (cannabis), para tratar a pacientes con epilepsia refractaria, cáncer y otros dolores crónicos.

La iniciativa, impulsada por el diputado Marcelo Torres (FpV), busca incorporar el aceite de cannabis en el sistema de salud de la provincia, en el Vademécum y que las obras sociales reconozcan la cobertura de esa medicina.

El proyecto fue justificado en la necesidad de "regular el uso medicinal del extracto de cannabis" en la provincia, con el objetivo de "mejorar la salud de la población" afectada por enfermedades crónicas, entre ellas la epilepsia refractaria.

En ese sentido, recordó que en el país cerca de unas cien familias tuvieron que pedir autorización a la Administración Nacional de Medicamentos (Anmat) para importar fármacos cannábicos para tratar a niños con epilepsia, y sostuvo que cada botella tiene un costo de 250 dólares y alcanza para tres meses.

"Se trata de un avance necesario e importantísimo en nuestra legislación que tendría alcance en miles de familias, que hoy no están pudiendo encontrar un apoyo en el Estado como regulador y garante de estas prácticas que benefician su salud", expresó Torres.

El artículo 1ro. del proyecto sostiene que los medicamentos a base de extracto de cannabis serán para "el tratamiento de patologías como epilepsia refractaria, cáncer, dolores crónicos, fibromialgia, glaucoma, esclerosis múltiple y toda otra patología, existente o futura, que la Autoridad de Aplicación considere conveniente".

Asimismo, establece la cobertura "por parte del Instituto de Obra Médico Asistencial (Ioma) de los tratamientos alternativos que requieran el uso de medicamentos a base de extracto de cannabis medicinal", al igual que para "las obras sociales y de medicina prepaga con actuación en el ámbito de la provincia de Buenos Aires".

El proyecto expresó que en el caso de personas que no cuenten con obra social "el Estado provincial, a través de sus efectores públicos, deberá otorgar los citados tratamientos", para lo que "se dispondrá de una partida presupuestaria específica que permita concretar dichos objetivos".