En el día de hoy el Gobierno bonaerense pidió la renuncia de toda la cúpula del Servicio Penitenciario Bonaerense, empezando por su titular, Fernando Díaz, quien se encuentra siendo investigado por ser el responsable de presuntos hechos de corrupción.

Según la investigación en curso, el ahora desplazado Díaz -junto a otros 37 ex funcionarios- habría llevado a cabo irregularidades en la contratación del servicio de catering del Complejo Penitenciario Federal de Salta, lo que le habría costado al Estado cientos de miles de pesos.

Este hecho junto a otros que le aluden, motivaron el pedido los miembros de la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) para que sea apartado del cargo.

Díaz había sido nombrado al frente del Servicio Penitenciario a fines de diciembre en medio de la fuga de los condenados por el triple crimen de General Rodríguez, del penal de General Alvear.

Ahora, y por un período de tres meses, las cárceles quedarán a cargo del subsecretario de Política Penitenciaria, Juan Pablo Baric, y fue designado Fernando Rozas, como auditor general, un hombre de extrema confianza del ministro de Justicia, Gustavo Ferrari.