El intendente de General Pueyrredón, Carlos Arroyo, aseguró hoy que "detendrá" a quienes arrojen basura en lugares no permitidos. La medida generó el rechazo de la oposición ante la "tendencia" oficial "a solucionar problemas sociales y culturales con acciones policiales".

"Ya me he movido para generar policías de civil que van a comenzar a detener a la persona que produzca contaminación del medio ambiente", dijo el jefe comunal.

La frase de Arroyo, pronunciada a fines de la semana pasada, se propagó con el correr de las horas y provocó también el rechazo de funcionarios de la gobernadora María Eugenia Vidal.

"Necesito la colaboración de toda la población, seamos un poco más limpios. Saquemos la basura en el horario en que hay que hacerlo. Y si la empresa de basura deja tirada la basura por cualquier lado hagan, la denuncia", pidió Arroyo.

El intendente añadió que "si ven a algún desaprensivo tirando basura, hagan la denuncia, porque yo ya me he movido para generar policías de civil que van a comenzar a detener a la persona que produzca contaminación del medio ambiente".

Se aplicará "la ley hasta el último punto, con todo el rigor. Lo aviso y lo aclaro, estoy harto de ver basura tirada, esto se tiene que acabar porque estamos matando nuestras posibilidades de futuro, no hay ningún derecho de que esto ocurra", abundó.

En este marco, el ministro de Justicia bonaerense, Gustavo Ferrari, planteó que arrojar basura "se podría considerar como una falta, pero no se puede detener si no existe un código que lo determine".

"Si es una contravención y está en el Código Contravencional de la ciudad, que yo desconozco si está, se podría considerar como una falta y se verá cuál es la sanción que corresponde", agregó.

Sin embargo, advirtió que "no está contemplado en el Código Penal que haya detenciones por arrojar basura a la calle".

Desde el FpV elevaron al Concejo Deliberante un proyecto de resolución en el cual se manifiesta "preocupación por la tendencia de Arroyo de solucionar problemas sociales y culturales con acciones policiales".

Fue la concejal Marina Santoro, quien detalló que desde el Poder Judicial advirtieron la ilegalidad de lo propuesto por el jefe comunal, indicando que "esta función es del Estado municipal, que cuenta con herramientas y áreas específicas para dicha tarea".