La ex presidenta Cristina Kirchner deberá prestar declaración indagatoria el próximo 20 de octubre, junto a un grupo de ex funcionarios y el detenido Lázaro Báez, en la causa que investiga si privilegió al dueño de Austral Construcciones para otorgarle obra pública en Santa Cruz y beneficiarse luego con negocios propios.

El juez federal Julián Ercolini firmó hoy la citación de la ex Presidenta, del ex ministro de Planificación Julio De Vido, del ex secretario de Obras Públicas José López, del ex funcionario Carlos Santiago Kirchner -primo de Néstor Kirchner- y de Báez, entre otros, y dispuso para todos la inhibición general de bienes.

Si bien Cristina Kirchner ya está procesada por la operatoria de dólar futuro, se trata de la primera indagatoria por un hecho de corrupción durante su gestión.

Ercolini hizo lugar así a la citación que habían solicitado los fiscales Gerardo Pollicita y Juan Ignacio Mahiques, quienes acusaron a Cristina Kirchner de haber montado una supuesta maniobra para favorecer a su "amigo y socio" Lázaro Báez con adjudicaciones de obras viales multimillonarias en Santa Cruz.

Según dijeron, mientras el empresario ahora detenido por la llamada 'ruta del dinero K' "era el más beneficiado en la asignación de múltiple y millonaria obra pública vial en la provincia de Santa Cruz", con la adjudicación del "80 por ciento de las obras", paralelamente se "le garantizaba a la ex familia (presidencial) ingresos millonarios a partir del alquiler de sus establecimientos hoteleros", como dejó expuesto el caso Hotesur.

En una resolución de 29 páginas, Ercolini citó los argumentos de los fiscales en donde se detalló que la maniobra se habría edificado sobre "cuatro pilares fundamentales:

1) La inserción del amigo presidencial en el negocio de la construcción vial;

2) La exportación de una estructura provincial montada con gente de confianza a un nivel nacional;

3) La mayor concentración económica de obra pública vial de nuestro país en la provincia de Santa Cruz;

4) El direccionamiento de la adjudicación de la obra pública y el diseño de un esquema de beneficios exclusivos a favor del empresario Lázaro Báez en detrimento de las arcas del Estado.