El ministro de Economía de la provincia de Buenos Aires, Hernán Lacunza, advirtió hoy que la gestión de María Eugenia Vidal recurrirá a la Justicia por el Fondo del Conurbano si es que no hay una solución por la vía legislativa.

En ese sentido, el funcionario aseguró que el monto que le corresponde a la Provincia por ese tema solucionará el déficit estructural que tiene el distrito, estimado en 45.000 millones de pesos anuales.

"Estamos recorriendo el camino institucional, esta semana se va a presentar proyectos de ley en el Congreso de la Nación. Pero si no prospera el debate legislativo, que es el órgano natural que tiene que resolver la distribución de los recursos federales, en última instancia se podrá apelar a la vía judicial", expresó.

En declaraciones a radio Nacional, el funcionario recordó que el Fondo del Conurbano, creado en 1992, estaba destinado "100 por ciento a la Provincia", pero advirtió que actualmente "solo recibe el 1 por ciento".

En ese sentido, aseguró que el monto que corresponde a ese fondo solucionaría el déficit estructural que tiene el distrito.

"La Provincia tuvo el año pasado un déficit de 25 mil millones de pesos sin hacer obras. Y necesita hacer obras por 20 mil millones cada año, es decir, tiene un déficit estructural de 45 mil millones de pesos por año. Casualmente, es el monto del Fondo del Conurbano que reclamamos", resaltó.

Lacunza también explicó que el reclamo ante la Corte Suprema que hizo la Provincia por los fondos correspondientes a la ANSeS tiene que ver con el retroactivo que la Nación no pagó entre 2010 y 2015, y dijo que no choca con el convenio firmado por todos los gobernadores con el ministro del Interior, Rogelio Frigerio.

"Si no lo reclamábamos antes del 30 de junio, caducaban los derechos. Cuando se firmó el convenio con todos los gobernadores, quedó explícitamente aclarado que las provincias no resignaban el derecho a reclamar por vía judicial lo adeudado, y establecía lo que ocurría hacia el futuro. Es decir, el futuro está resuelto, pero no se excluía el derecho de reclamar el pasado. Cada Estado tiene la obligación de hacerlo", detalló.