El Gobierno de Vidal publicó hoy en el Boletín Oficial de la Provincia de Buenos Aires un polémico decreto que restringe la labor de los periodistas. La insólita medida contempla con hasta dos años de prisión para quienes den a conocer las declaraciones juradas de bienes "integrales" de ministros, directores, policías y agentes del servicio penitenciario.

A través del decreto 647, publicado hoy, Vidal modificó el decreto 116, con el que había obligado a sus funcionarios y a sí misma, además de los agentes penitenciarios y policiales con el grado de subcomisario en adelante, a publicar sus declaraciones juradas de bienes, una medida largamente esperada ante la falta de transparencia que impera en los actos del Estado provincial.

"La Declaración Jurada Patrimonial Integral mencionada en el artículo precedente -incluido el Anexo-, tendrá carácter reservado. Los funcionarios, empleados y terceros que de algún modo vulneren el carácter y/o el contenido de estas declaraciones serán pasibles de las penas previstas por los artículos 157 y 157 bis del Código Penal según corresponda, siendo de aplicación toda otra sanción establecida en la normativa vigente", dice el texto agregado hoy por el decreto 647 al régimen de Declaración Jurada patrimonial de la provincia.

De este modo, de acuerdo a la nueva disposición los funcionarios que difundan esta información podrían recibir una pena que va de un mes a dos años de prisión y ser castigados con la “inhabilitación especial de uno a cuatro años” para ejercer cargos públicos.

En tanto, los periodistas u otras personas que revelaran este tipo de datos, podrían ser castigados con uno a dos años de prisión, según los artículos mencionados en el Código.