A medida que se acomodan las últimas piezas del tablero electoral previo a las PASO de agosto, se hace evidente que estaremos frente a una reedición de la polarización observada en las elecciones de 2015.

Con nombres nuevos y algunos cambios impensados hasta hace muy poco tiempo, el macrismo y el kirchnerismo serán nuevamente los contendientes en la pelea de fondo por el poder de los próximos cuatro años.

El oficialismo cuenta con el respaldo de la mayor parte del establishment local y del grueso de los comunicadores que operan en sintonía con los mayores grupos de medios en el país. Adicionalmente, suman su respaldo los presidentes Donald Trump y Jair Bolsonaro además del apoyo casi militante del FMI.

La oposición liderada por Alberto Fernández, en cambio, busca el apoyo de los sectores más castigados en la era de Cambiemos: PYMES, comercios, las clases medias y medias bajas y los jubilados.

A pesar de las grandes diferencias que existen entre ambos bandos, ha surgido una coincidencia básica que une a los dos sectores que es la estrategia compartida de potenciar la polarización entre ambos. Si bien cada sector juega con las cartas de manera diferente, ambos sustentan su estrategia en dos sentimientos básicos como son el miedo y la esperanza.

Para el Frente de Todos, el tema central es la economía y es allí en dónde sienten que tienen su fortaleza: todos los números de la gestión de Cambiemos son peores que los del gobierno precedente. Fomentan el miedo a la continuidad y a la profundización del ajuste, expresando el objetivo de dejar atrás esas políticas para comenzar una etapa de crecimiento de la economía.

Por el lado del oficialismo, se insiste con plantear el miedo a la vuelta al pasado enfocando fundamentalmente en cuestiones de corrupción, de baja calidad institucional y de aislamiento internacional.  La economía no le es favorable al gobierno por lo cual se refuerza el discurso aspiracional de un futuro mejor y de la validez del camino transitado para alcanzar el objetivo final.

La batalla 2019 ha encontrado recientemente un nuevo capítulo a raíz del acuerdo alcanzado entre el Mercosur y la Unión Europea.

Como era de esperar, el gobierno ha comunicado la firma del acuerdo planteándolo como un acontecimiento histórico y muy beneficioso para nuestro país, mientras que la oposición lo ha calificado de manera negativa.

La situación merece un análisis más profundo. En primer lugar, el acuerdo debe ser ratificado por los parlamentos de los países intervinientes. En segundo lugar, la implementación no sería inmediata y demandaría varios años. Por lo tanto, es evidente que los resultados, buenos o malos tardarán bastante en hacerse visibles.

En principio lo que hay que entender es que un acuerdo de libre comercio se basa esencialmente en la reducción de aranceles y barreras al comercio entre las partes asociadas, y este mecanismo promueve un modelo de mayor competencia entre las dos economías.

El beneficio principal que enuncian los defensores del acuerdo tiene que ver con el atractivo teórico que representa la economía europea con sus 500 millones de consumidores alto poder adquisitivo.

Por el contrario, aquellos que plantean dudas a este acuerdo mencionan la evidente asimetría en las economías a asociar, hecho que a priori condena a un país como Argentina a incrementar exportaciones de productos primarios o con bajo valor agregado mientras que puede ser invadido por múltiples productos industrializados de alto valor agregado. Este tipo de intercambio desfavorable, va a contrapelo de la necesidad de obtener las divisas necesarias para sostener el peso de los vencimientos futuros de nuestra deuda externa.

El discurso a favor de la competencia, tiende a culpabilizar al empresariado local por lo que consideran abusos en los precios y falta de competitividad. Estos defensores del aperturismo con dólar bajo semejante a los planteos de las políticas de Martínez de Hoz y de Cavallo, olvidan considerar que hay cuestiones estructurales que afectan a las empresas y sobre las que el Estado tiene que actuar.

Hay una serie de medidas indispensables para que un proyecto de este tipo pueda ser beneficioso: es necesario construir un modelo impositivo que estimule la producción en lugar de asfixiar a las empresas, es fundamental contar con una política de financiamiento de largo plazo con costos razonables, deben realizarse inversiones en infraestructura para mejorar la eficiencia logística nacional, deben simplificarse normas burocráticas irrelevantes, debe brindarse un esquema de tarifas de servicios públicos a precios competitivos y  se debe reformular el propio Estado para ser más productivo.

Estas son algunas de las medidas que tienen que formar parte de un Plan de desarrollo sustentable para transformar estructuralmente a nuestro país, siendo éste el único camino viable para lograr una integración inteligente con el mundo.

Mientras el modelo vigente siga enfocado en satisfacer el apetito del capital financiero especulativo y el de los grandes grupos económicos locales y extranjeros, será imposible instalar un modelo comprometido con el desarrollo nacional.

Por el momento las políticas en curso presagian que los sueños de grandeza esbozados tras este acuerdo serán simplemente un nuevo capítulo aspiracional como en su momento fue para Menem la pertenencia argentina al primer mundo.

* Alexis Dritsos Economista Partido Socialista