A partir de la llegada al gobierno de Mauricio Macri en diciembre de 2015, comienza un nuevo capítulo en materia económica. Durante la campaña y en su rol de candidato, prometió a la ciudadanía una política que corregiría los problemas heredados de la administración anterior sin vulnerar derechos adquiridos.

Apoyado en su  perfil empresarial, generaba entusiasmo indicando que, con estímulos concretos al sector privado y con una mejora en la institucionalidad podría lograrse rápidamente un boom de inversiones que daría sustento a una etapa de crecimiento sostenido.

Las políticas de seducción al capital extranjero implicaron varias medidas contrarias al interés de la mayoría de la población y han generado costos altísimos para la economía en general. La dolarización de precios de los combustibles, el gas y la producción de electricidad concretada por el gobierno de Cambiemos  generó un gran beneficio a las empresas mientras que impulsó una enorme carga  al sector productivo, al comercio y a las familias.

Paralelamente, y con el propósito de reducir el déficit fiscal, comenzó una reducción brusca de los subsidios a los precios regulados en general, incluyendo, además de los combustibles, gas y electricidad, al transporte y al agua.

El efecto obvio de estas medidas es la aceleración de la inflación motivada en el crecimiento desproporcionado de los costos que esta política implica, perjudicando el desempeño global de la economía del país.

Argentina, por obra de la política económica en curso, ha consolidado una situación de estanflación crónica mientras el gobierno persiste en su receta de ajuste salvaje tutelado por el programa del FMI.

En este contexto surgen dos preguntas clave: ¿El fracaso de la política económica es el resultado de la impericia del gobierno o es lo que realmente vinieron a hacer? Y la segunda es: ¿qué se puede esperar en el caso de un segundo mandato de Cambiemos?

En el primer caso podemos ver que se trata de ambas cosas, el modelo y la impericia. El modelo que intentan impulsar en el país busca la integración precaria de nuestro país con el capitalismo internacional a partir de reformas y políticas que beneficien al capital de origen extranjero.

La impericia queda de manifiesto con los resultados obtenidos en materia de inflación y pobreza, ya que era necesario tener éxito en estas dos áreas para atenuar el costo social inherente al nuevo modelo.

En cuanto a que se podría esperar de un segundo mandato de Cambiemos, el presidente ha dejado en claro que lo que vendrá será más de lo mismo pero más rápido y más profundo. 

En definitiva, la agenda común del gobierno y el FMI es la de impulsar un modelo de desarrollismo prebendario que garantice ganancias y condiciones de privilegio al capital extranjero como el caso del desarrollo en Vaca Muerta, la libertad absoluta a los capitales financieros especulativos, y una importante reducción de costos salariales, impositivos y previsionales para rentabilizar las operaciones de las grandes empresas. Los instrumentos son tres: Reforma de la Carta Orgánica del BCRA, Flexibilización laboral y reforma previsional.

Este modelo se completa con un creciente nivel de apertura económica  e implica la pérdida de poder adquisitivo del salario y las jubilaciones, la pérdida de derechos a partir de un Estado desarticulado, y un sector PYME desprotegido frente a la competencia concentrada local o la proveniente de otros mercados.

El concepto de integración desigual que plantea Cambiemos no es otra cosa que la pérdida de soberanía económica y una internacionalización precaria que potencia el costo social que sufre nuestra nación. Precios internos basados en precios internacionales dolarizados con salarios sensiblemente más bajos que los de los países a los que nos “integramos”.

Lo que está en juego en octubre es mucho más que un cambio de figuras. Se trata de ver si como sociedad aceptamos la continuidad de este camino que nos propone Cambiemos o de si somos capaces de impulsar un cambio de modelo que favorezca la producción y el crecimiento en lugar del ajuste y la recesión.

* Alexis Dritsos Economista Partido Socialista